A- de 2022

Conflicto de jurisdicciones suscitado por el Juzgado Tercero Penal municipal con funciones de control de garantías de Ipiales (Nariño).

Ante el precitado despacho se llevaron a cabo las audiencias concentradas de legalización de orden de registro y allanamiento, legalización del procedimiento de registro e incautación de elementos materiales probatorios y legalización de captura de una ciudadana, frente a la cual su defensor adujo que el juez carecía de competencia, porque su defendida pertenecía al cabildo indígena de Yaramal.

Aparte de lo anterior, aportó un documento suscrito por el gobernador de dicho resguardo, en el que solicitaba la suspensión de las actuaciones adelantadas en dicho proceso en la jurisdicción ordinaria y el envío del mismo a su jurisdicción.

La fiscal 52 Especializada de la Dirección contra el Narcotráfico de Popayán se opuso a lo anterior y el operador jurídico sostuvo que en la etapa de control de garantías no es dable controvertir la competencia para conocer el caso, pues esta será una materia sobre la que debe pronunciarse el juez de conocimiento.

No obstante, procedió a remitir el expediente a la autoridad judicial competente para dirimir la controversia suscitada.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un conflicto interjurisdiccional, la Corte constató que no se satisfizo el primero y, por ello, se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo y dispuso el envío del expediente al Juzgado Tercero Penal municipal con funciones de control de garantías de Ipiales, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.